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La situación de las cárceles en América Latina es “deplorable ” , pues faltan políticas públicas claras para prevenir la violencia, dijo el relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Según datos del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, en América Latina hay 26 países con niveles de sobrepoblación carcelaria superiores a 120 por ciento, lo que es “crítico”.

Bolivia presenta un hacinamiento de 162 por ciento, Brasil de 181 y República Dominicana, de 156 por ciento.

Brasil es el país con mayor población penitenciaria, con 194.074 personas, y le sigue México, con 144.261.

“El sistema penitenciario está abandonado por el estado, por la sociedad, por la comunidad internacional. Es un sistema que está atravesando una situación de alta precariedad no sólo por la cuestión presupuestaria, sino por la ausencia de programas de rehabilitación y de reinserción social”, afirmó Meléndez a ANSA.

Según el Instituto Latinoamericano, además, no puede arriesgarse una cifra consistente del total de la población carcelaria regional, porque las cifras que entregan los organismos no reflejan la magnitud real de la sobrepoblación.

De visita en Chile para verificar condiciones carcelarias, Meléndez precisó que en la región “no hay políticas públicas definidas, claras, sostenidas, para prevención de la violencia en el interior de las prisiones”.

Enfatizó sobre la “precariedad” del presupuesto para el sistema penitenciario, y afirmó que es “preocupante” que los gobiernos no asuman que al no invertir en sistemas y políticas carcelarias “están contribuyendo a la inseguridad ciudadana”.

“Invertir en prisiones, readaptación, resocialización, es estar invirtiendo también en la seguridad ciudadana”, afirmó.

El viaje de Meléndez a Chile se enmarca en una serie de visitas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza como parte de un plan de trabajo para la preparación de un informe sobre la situación carcelaria en las Américas.

También coincide con la reunión sobre el Sistema Penitenciario de las Américas, en la que participarán instituciones del continente y que se realizará en Valdivia, 840 kilómetros al sur de Santiago, a partir del martes 26 de agosto.

“La violencia en las prisiones es tremenda, muchas prisiones están explotando y ahora no es prácticamente la violencia del policía o del custodio, sino que es la violencia interna entre los presos por el abandono de la seguridad”, subrayó.

Meléndez, salvadoreño, ya visitó Bolivia, Guatemala, República Dominicana y otros países del Caribe. Pendientes están Perú, Ecuador, Uruguay y Paraguay, entre otros.

Estados Unidos le prohibió visitar sus cárceles, al igual que en Venezuela donde -aseguró- se vive una de las realidades más violentas a nivel carcelario.

“Venezuela es uno de los países más violentos a nivel carcelario. Hay descuartizamientos, decapitaciones, motines y matanzas internas”, expresó.

Añadió que “Brasil es uno de los casos críticos, aunque se han tomado medidas importantes por la intervención del sistema interamericano”.

Hubo visitas a cárceles en Haití que “están en completo abandono, por la misma precariedad y disfuncionalidad del país. En mi país, El Salvador, hay muchos brotes de violencia que se han logrado contener, se han tomado medidas, pero no son suficientes”, mencionó.

En Guatemala, “hay altos niveles de violencia carcelaria, en Honduras también, México, Ecuador. En Argentina se destacan los casos de Mendoza, Córdoba y Santiago del Estero”, prosiguió.

En el caso de Estados Unidos, dijo, “la política de encierro es tremenda, brutal, principalmente frente a los emigrantes, que no son delincuentes”.

En la mayoría de los casos, la Comisión verificó precariedad en servicios básicos, insalubridad, falta de agua potable en muchas prisiones o simplemente escasez total del elemento. En muchos casos tampoco hay presencia de servicios médicos y menos aún sistemas de educación y de capacitación laboral.

Meléndez enfatizó que no hay claridad en los gobiernos sobre “la necesidad de incorporar a la empresa privada, universidades u otros actores de la sociedad civil para que puedan tener participación en la reinserción y socialización” de los presos.

Sin embargo, el relator dijo que hay “políticas modestas, esfuerzos modestos que se están haciendo” como buenas prácticas para mejorar los sistemas penitenciarios en la región.

Fuente: ANSA/ABC.com.py

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