Fuente: Analítica.com

*Ex Magistrada de la Corte Suprema de Honduras

El señor José Manuel Zelaya Rosales es un político hondureño elegido Presidente Constitucional de la República de Honduras el 28 de noviembre de 2005 con el 23% de los votos de los electores iniciando su período presidencial el 27 de enero de 2006.

El señor Zelaya inició su período presidencial ya saneada las finanzas públicas y en el punto de culminación para obtener la condonación total de la deuda externa de Honduras lograda por los Gobiernos Democráticos anteriores y con un crecimiento económico sin precedentes.

De conformidad con el artículo 245 de la Constitución de la República y la Ley General de la Administración Publica al Poder Ejecutivo, le corresponde la administración general del Estado centralizada y descentralizada.- Las atribuciones del Presidente de la República se encuentran contenidas en el artículo 245 de la Constitución de la República. La principal de sus atribuciones es “ cumplir y hacer cumplir la constitución, los tratados y convenciones, leyes y demás disposiciones legales lo que tiene una relación intrínseca con los artículo 321 y 323, constitucional que prescriben lo siguiente : Art 321”los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad” Art.323 “los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado civil o militar esta obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito.” Así como relacionado con la responsabilidad en que pudiera incurrir cualquier funcionario público, incluyendo el presidente de la República los Decretos Legislativos números 175-2003 del 28 de octubre de 2003 y el decreto numero 105-2004 de fecha 27 de julio de 2004 que derogaron la institución de la inmunidad de todos los funcionarios públicos, por lo que el órgano fiscal no tiene ninguna limitación para incoar cualquier acción legal contra tales funcionarios.

Haciendo caso omiso del marco legal supramencionado la ilegalidad fue característica evidente En los actos del Poder Ejecutivo durante la administración del señor José Manuel Zelaya Rosales actos que atentan contra la forma de gobierno, la seguridad del Estado y de las personas y sus bienes.

Adicionalmente a lo expuesto también se provocó un clima de confrontación entre los sectores de la sociedad, pretendió un cambio de forma de gobierno, realizó e incentivó la corrupción se incrementó todos los delitos vinculados al crimen organizado, agudizándose la inseguridad jurídica de las personas y sus bienes, ha venido desalentando el clima de inversión, permitió la intromisión de gobiernos extranjeros en el país que sin control migratorio y aduanero llegaban al país como si fuera el propio.

El señor Zelaya Rosales inicio el proceso de rompimiento del orden constitucional utilizando los recursos del estado, y con la obvia intromisión de gobiernos extranjeros. Con la adhesión de Honduras a LA ALBA El gobierno del señor MANUEL ZELAYA ROSALES estimula una campaña de continuismo la cual esta prohibida conforme lo establece el articulo 239 constitucional que dice: “ el ciudadano que haya desempañado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la república. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma , asi como aquellos que lo apoyen directamente o indirectamente , cesaran de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos , y quedaran inhabilitados por diez años en el ejercicio de la acción publica. y por consiguiente de rompimiento del orden constitucional con el proyecto, que inicialmente se materializa en el Decreto Ejecutivo No PCM 05/2009 del 23 de marzo de 2009 que ordena realizar una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que la ciudadanía hondureña puede expresar libremente su acuerdo o no con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que dicte y apruebe una nueva constitución política y dispone que el ente a cargo será el Instituto Nacional de Estadistica (INE) – Este decreto no fue publicado en el Diario Oficial LA GACETA, trasgrediendo lo establecido en el artículo 255 de la Constitución de la República que a la letra dice:” los actos administrativos de cualquier órgano del Estado que deban producir efectos jurídicos de carácter general, serán publicados en el Diario Oficial La Gaceta y su validez se regulará conforme a lo dispuesto en esta constitución para la vigencia de ley” No obstante lo anterior se realizaron acciones concretas para promocionar la consulta popular en los términos referidos en el Decreto como ser: campaña publicitaria en diversos medios de comunicación, (radial, escritos y televisivos), acciones que efectuaron en nombre del INE , asimismo se constato que desde el Poder Ejecutivo se ordeno a una agencia publicitaria efectuar los anuncios en relación al referido decreto, se repartió variedad de propaganda y publicidad incluyendo camisetas, gorras, calcomanías etc., que promovían la Cuarta Urna, realizando además actos oficiales como ser comparecencias públicas del titular del ejecutivo con su gabinete de gobierno mediante las cuales trataban de justificar los actos relacionados con el Decreto en mención.

Cabe señalar que el 16 de abril los mismos asesores de la Presidencia abogados: Carlos Gómez Moreno, Efraín Moncada Silva y José María Palacios, en relación al Artículo 1 del Decreto cuando se refiere a realizar una amplia consulta popular en todo el territorio nacional para que se pueda expresar acuerdo o no de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, emitieron opinión advirtiendo que el Decreto contraviene lo dispuesto en el artículo 15 numeral 5 de la Ley Electoral y las Organizaciones políticas dado que esa atribución le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, razón por la cual concluyeron que tal proceder es constitutivo de delito subsumido en el tipo de delito de Abuso de Autoridad, advirtiendo la posibilidad real de que el Ministerio Público pudiera proceder contra los emisores del citado Decreto.

El Ministerio Público basado en los hallazgos de ilegalidades el 8 de mayo de 2009 interpuso una acción judicial consistente en una DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE ILEGALIDAD Y LA CONSECUENTE NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO TACITO DE CARÁCTER GENERAL EMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO POR NO ESTAR AJUSTADO A DERECHO, estos hallazgos son entre otras las siguientes: el Poder Ejecutivo y su Consejo de Ministros no publicaron el Decreto Ejecutivo que promovía la Cuarta Urna trasgrediendo los artículos 119 de la Ley General de la Administración Publica, 28 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos, y la mayor trasgresión se produce al Artículo 255 de la Constitución de la República a que nos hemos referido anteriormente Otra consideración legal e importante, la constituye que el mencionado Decreto violenta el Artículo 5 de la Constitución de la República, al ordenar al Poder Ejecutivo, realizar actos que son de exclusiva competencia del Tribunal Supremo Electoral a través de los mecanismos ordenados en el artículo 5 de la Constitución de la República que infieren a los mecanismos de consulta popular constitucionales plebiscito y referéndum, en las condiciones que se establecen en la propia constitución, además de que el Decreto establece reformas al Artículo 374 de la Constitución referido a la forma de gobierno que conforme el propio artículo 5 jurídicamente resultan ilegales Las ilegalidades se repiten al usurpar el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, las atribuciones de otros Poderes del Estado, en este caso, del Poder Legislativo, cuando emite el decreto en referencia, sobre los extremos de la consulta se arroga atribuciones que son de exclusiva competencia del Poder Legislativo en mandato constitucional y además ordenando realizar la misma a un órgano dependiente del Poder Ejecutivo cuando constitucionalmente dicha atribución es exclusiva del Tribunal Supremo Electoral.

Por otra parte se reiteran las graves y repetidas violaciones a lo establecido en el ordenamiento legal hondureño, ya que el acto administrativo del Decreto antes mencionado es NULO por cuanto el acto fue emitido por un Órgano Incompetente, configura delito, prescinde total y absolutamente del procedimiento establecido y contraria el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública, que establece que no podrán ejecutarse actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República, éstas son el Debido Proceso y el Principio de Legalidad regulados en el artículo 90 y 321 de la Constitución de la República respectivamente, incurriendo en un exceso de poder del funcionario/funcionarios, o emisores del acto que se subsumen en los tipos penales de abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno de conformidad con el artículo 4 último párrafo constitucional, 5 ,321, 326 y 374 en relación con los artículos 321 y 349 del Código Penal.

Adicionalmente, ha existido violación a procedimientos legales de la Ley Electoral, en su artículo 15 numeral 5 en el cual establece dentro de las atribuciones del mismo la facultad de organizar dirigir, administrar y vigilar las consultas populares y convocar a referéndum y plebiscitos.

La demanda fue admitida el 12 de mayo de 2009 acompañada de múltiples documentos probatorios y mandándose hacer la publicación correspondiente. El 15 de mayo del mismo año fue emplazada la Procuradora General de la República, como Representante Legal del Estado. En auto del 13 de mayo, siempre del mismo año, se emite providencia formando una pieza separada de la cuestión incidental de suspensión del acto reclamado y se da vista por tres (3) días a la parte demandada.

En la contestación de la Procuradora de fecha 20 de mayo ésta hace un análisis jurídico para llegar a la conclusión de que el acto administrativo que impugna el Ministerio Público provoca una grave infracción al ordenamiento jurídico y justifica la existencia de la normativa que regula la jurisdicción de lo Contencioso administrativo apreciando que ésta obtiene su verdadera legitimación y justificación histórica y que figuras jurídicas como la suspensión del acto administrativo impugnado rinden su verdadero propósito y razón de ser, ya que no tienen ningún sentido de esperar a que se perpetre una lesión al ordenamiento jurídico en las proporciones en que podría efectuarse si se confirman estos actos y peticiona que se admita su escrito, que se tenga por personada, pero manifiesta con singular propósito que se tenga por manifestado el criterio institucional de la Procuraduría General de la República y por solicitada la intervención del ilustrado criterio del Juez para que enmarque su decisión en el ordenamiento jurídico aplicable y que se emita sentencia interlocutoria fundada en ley.

El 25 de mayo el Juzgado, cita a las partes para oír sentencia interlocutoria habiéndo sido notificada el mismo día.

El 27 de mayo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declara con lugar la cuestión incidental del acto impugnado y suspende todos los efectos del acto administrativo que contiene el Decreto Ejecutivo PCM-05-2009 del 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo de igual manera la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos de parte del Poder Ejecutivo o de cualquiera de las instituciones que componen la estructura administrativa del Poder Ejecutivo.

En relación a la sentencia el Ministerio Público, solicitó aclaración de sus alcances y el Juzgado resolvió aclarar la misma en el sentido que los efectos de la suspensión ordenada incluye cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular que se haya emitido o se emita ya sea expreso o tácito por su publicación o falta de ella en el Diario Oficial La Gaceta que conlleve al mismo fin del acto administrativo que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara.

El 3 de junio siempre de 2009 el despacho judicial de lo Contencioso Administrativo, libra comunicación con las inserciones de estilo al Secretario de Estado en los Despachos de Defensa Nacional, al Secretario de Estado en los despachos de Seguridad, al Jefe del Estado Mayor Conjunto y al señor Director General de estadística a efecto de que se adopten las resoluciones o medidas que procedan y practiquen lo exigido en el cumplimiento de la sentencia interlocutoria dictada por este Juzgado el 27 de mayo de 2009 y su respectiva aclaración el 29 de mayo del mismo año. Adicionalmente, se ordenó librar comunicación al Comandante del Ejército General de Brigada MIGUEL A GARCIA PADGETT y todos los diferentes medios de comunicación escritos, radiales y televisivos para que tuvieran conocimiento y cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia.

El 15 de junio el Ministerio Público solicito ampliación de la comunicación judicial de la sentencia y su aclaración para las siguientes autoridades: Al Presidente de la República JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, al Comisionado Vicepresidente ARISTIDES MEJIA, al Ministro de Cultura y Deporte RODOLFO PASTOR FASQUELLE, al Ministro de Educación MARLON BREVE REYES, a la Secretaría de Finanzas REBECA PATRICIA SANTOS, al Secretario de la Presidencia ENRIQUE FLORES LANZA, al Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO, al Secretario de Salud Publica CARLOS AGUILAR, a la Secretaria de Relaciones Exteriores PATRICIA RODAS , al Secretario de Turismo RICARDO MARTINEZ, al Secretario de Seguridad JORGE RODAS GAMERO, a la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional KAREN ZELAYA, al Secretario de Defensa EDMUNDO ORELLANA MERCADO, a la Gerente de la ENEE, RIXI MONCADA, al Director del INE SERGIO SANCHEZ a la Ministra del Instituto Nacional de la Mujer DORIS GARCIA, al Jefe del Estado Mayor Conjunto ROMEO VASQUEZ VELASQUEZ, al Gerente de HONDUTEL JORGE ROSA; al Gerente del SANAA JORGE MENDEZ, a la Directora de INFOP,.CAROLINA CRUZ.

En cumplimiento de la comunicación contestaron la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas ambos sometiéndose al cumplimiento de la constitución y el segundo además manifestó someterse al acatamiento de lo ordenado en la sentencia.

Que en el proceso de ejecución de la sentencia con fecha 26 de junio de 2009 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo resolvió ordenar a las Fuerzas Armadas de Honduras por medio del Jefe del Estado Mayor Conjunto el inmediato decomiso de toda la documentación y material relacionado con la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo en abierta violación a la orden emanada de este juzgado pretende realizar el día domingo 28 de junio de 2009, asimismo se le ordeno a las Fuerzas Armadas que todo los documentos y material relacionado por constituir una amenaza flagrante a la Constitución de la República fuera incinerada en forma inmediata, de igual manera se facultó a las Fuerzas Armadas de Honduras con el propósito del efectivo cumplimiento utilizar los bienes e instalaciones de las Instituciones del Estado que considere necesarias en especial las telecomunicaciones .

El Tribunal Supremo Electoral fue notificado de la decisión judicial y este cumplimento la comunicación rindiendo informe de lo actuado que en lo conducente dice: que ha procedido al acatamiento de la sentencia interlocutoria y su aclaración a que alude la comunicación referida y se ha abstenido de realizar cualquier acto que directa o indirectamente coadyuve con el acto declarado en suspenso por ilegal, asimismo informa que emitió RESOLUCION ESPECIAL en la cual se declara ilegal la encuesta político electoral del 28 de junio promovida por el Poder Ejecutivo y el comiso del material que serviría para la práctica que según declaración del Poder Ejecutivo se encontraba en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña, que es un acto que se ejecuta con el acompañamiento de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Electoral. Seguidamente de manera colegiada procedieron a darle cumplimiento a la resolución especial nombrando como depositario al coronel Castillo Brown quien se dió por notificado de su responsabilidad adjuntando el acta especial del comiso Realizado el COMISO del material político electoral el Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales con manifiesto abuso de autoridad y acompañado de un número de ciudadanos y ciudadanas se hizo presente a las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña retirando todo el material comisado por el tribunal supremo electoral el cual se había dejado en depósito en esas instalaciones, incurriendo en las responsabilidades de DESOBEDIENCIA de una sentencia judicial. El informe fue suscrito por los titulares del Tribunal Supremo Electoral El 19 de junio siempre del presente año el poder ejecutivo recibe por segunda vez la comunicación que transcribe literalmente el fallo que declara con lugar la cuestión incidental de suspensión del acto impugnado, (es decir la prohibición de efectuar la encuesta o consulta del 28 de junio) y la aclaratoria de la sentencia.

El Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado de la Presidencia en relación a la comunicación de ejecución del fallo el 26 de junio de 2009 dan por recibida la comunicación y en la misma comunicación de mérito el titular del ejecutivo José Manuel Zelaya Rosales y el secretario de estado del Despacho Presidencial Enrique Flores Lanza al cumplimentar la comunicación contesta que ya se dio respuesta al contenido de la comunicación que nos libró ese mismo Juzgado y recibida en ese despacho el 19 de junio del año en curso y en consecuencia estése a lo actuado y expuesto de esa comunicación. Apareciendo firmado por el Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales y el Secretario de la Presidencia Enrique Flores Lanza.

En nueva comunicación de fecha 26 de junio el Juzgado de lo Contencioso Administrativo certifica la sentencia con su aclaración correspondiente y realiza el APERCIBIMIENTO al Presidente de la República don José Manuel Zelaya Rosales para que se sirva cumplimentar lo ordenado en la sentencia interlocutoria y su aclaración preinsertas advirtiéndole que infringir Las disposiciones contenidas en el TITULO IV capítulo III de la Ley de esta jurisdicción relativas a la ejecución de las sentencias, será sancionado conforme lo establece el artículo 349 del Código Penal sin perjuicio a la responsabilidad civil en que incurriere por los daños y perjuicios que causare a los interesados y la advertencia de la sanción pecuniaria correspondiente.

La comunicación la cumplimenta el 26 de junio informando que anuló el Decreto Ejecutivo PCM-05-2009- En iguales términos contesta el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia.

En auto de fecha 29 de junio de 2009 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo tiene por devueltas las comunicaciones y manda que se agreguen a sus antecedentes.

En relación a la pieza principal el 25 de mayo del mismo año, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en conexión a varios escritos de solicitud de parte coadyuvante y defensas previas, emite auto motivado en el que se declararon improcedentes varios escritos como parte coadyuvante del demandado y las defensas previas considerando en razón de que la figura de los coadyuvantes tiene que caminar con el mismo objetivo de los demandados lo que no sucede en el presente caso.

El 12 de junio se personó la Procuradora General de la República, solicitando la suspensión del juicio hasta tanto no se obtenga el Acuerdo Ejecutivo para allanarse a la demanda, sin perjuicio de las actuaciones correspondientes al expediente de suspensión del acto reclamado.

El 16 de junio del mismo año, tienen por personada a la Procuradora y se le concede un mes de plazo para que presente el acuerdo del Ejecutivo de autorización para allanarse a la demanda.

El 5 de junio de 2009 el abogado René Velasquez Díaz, interpuso RECURSO DE AMPARO a favor del Presidente de la Republica en su condición de titular del Poder Ejecutivo y contra las actuaciones del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en relación a la sentencia interlocutoria y su aclaración dictadas por dicho Juzgado el 27 y 29 de mayo respectivamente que ordenó la suspensión del Acto reclamado y solicitó suspensión Provisional del Acto Reclamado El 16 de junio del año en curso la Corte de Apelaciones por UNANIMIDAD de votos lo declararon inadmisible la acción de amparo en razón de que es un acto consentido, dado que no se ejercitaron los recursos o acciones legales en los términos legales correspondientes y además porque el recurrente carece de legitimación para ejercer la acción dado que el Representante Legal del Estado lo constituye la Procuraduría General de la Republica, quien en ningún momento ejerció la acción dado que por el contrario esta fue manifiesta de las ilegalidades contenidas en el decreto PCM-05/2009 del 23 de marzo de 2009.

Sin perjuicio de que ya habían sido notificados del fallo de los Tribunales Contencioso Administrativo que establecía que la consulta era ilegal y que se les libró comunicación para que suspendieran la consulta y ellos habían manifestado que habían derogado el Decreto ante mencionado, el señor Zelaya continuó con su proyecto de encuesta de opinión para el estable cimiento de una constituyente.

El 26 de mayo de 2009 o sea el mismo día de que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto PCM-O19 /2009 en que se derogaba el Decreto PCM-05/2009 y un día antes de que se dicte la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que declara con lugar la cuestión incidental del acto impugnado y suspende todos los efectos del acto administrativo que contiene el decreto ejecutivo PCM-05-2009 del 23 de marzo de 2009, así como cualquier tipo de publicidad sobre lo establecido en el mismo de igual manera la suspensión del procedimiento de consulta a los ciudadanos de parte del poder ejecutivo o de cualquiera de las instituciones que componen la estructura administrativa del Poder Ejecutivo y la del 29 de mayo tres días después que aclara la misma en el sentido que los efectos de la suspensión ordenada incluye cualquier otro acto administrativo de carácter general o particular que se haya emitido o se emita ya sea expreso o tácito por su publicación o falta de ella en el Diario Oficial La Gaceta que conlleve al mismo fin del acto administrativo que ha sido suspendido, así como cualquier cambio de denominación en el procedimiento de consulta o interrogatorio que implique evadir el cumplimiento de la sentencia interlocutoria que se aclara, el Presidente de la República en Consejo de Ministros simultáneamente aprueba el Decreto Ejecutivo PCMO20-2009, el que fue publicado en la Gaceta hasta el 25 de junio del mismo año, tres días antes de la fecha de la encuesta, y a 29 días de haberse emitido como: “encuesta de opinión publica Convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente.” Teóricamente, el gobierno estaría convocando a una consulta para instalar una cuarta urna, pero el alcance del decreto publicado conlleva el objetivo de instalar la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE al término de la consulta y desintegrar los poderes legalmente constituidos ROMPIENDO EL ORDEN CONSTITUCIONAL.

Todos estos hechos que evidencian la sucesivas continuas violaciones al ordenamiento legal hondureño y otras acciones legales que se anunciaban por el Ministerio Publico desencadenaron las acciones de los diferentes órganos del Estado que concluyen con la separación del Presidente de la República de su cargo ante un proceso iniciado en el poder Legislativo que investigaba su conducta como Titular del Ejecutivo, investigación ésta que fue concluyente de las reiteradas violaciones al incumplimiento a sus deberes del cargo hasta declarar la improbación de su conducta administrativa, todo en el marco de lo dispuesto en la Constitución de la República así como acto seguido la sucesión constitucional del PRESIDENTE DEL CONGRESO como Presidente Constitucional de la República para concluir lo que resta del período constitucional y que culmina el 27 de enero de 2010 de conformidad con lo que establece el artículo 242 de la Constitución de la República de HONDURAS. Finalmente, resulta de ineludible responsabilidad para los Órganos del Estado encargados de revisar la conducta de los funcionarios públicos ejercitar las acciones atinentes a deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales del caso siendo éstos, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Republica.

Este documento esta sustentado en los hechos y relación de actuaciones administrativas y judiciales que han ocurrido en el caso de la sustitución constitucional del señor Jose Manuel Zelaya Rosales y que se acompañan : a) Cronología de los hechos relacionados con el caso.

b) Demanda ordinaria para que declare la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo contentivo del Decreto PCM -05/2009 del 23 de marzo de 2009 – c) Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de fecha 27 de mayo de 2009 mediante el cual se declara con lugar la cuestión incidental de suspensión del acto impugnado suspendiendo todos los efectos del acto administrativo tacito de carácter general referente al mismo decreto.

d) Solicitud de aclaración de la sentencia e) Sentencia aclaratoria de 29 de mayo de 2009 .

f) Copia del oficio D-PGR- 112/009 enviado por la Procuradora General de la Republica al Secretario de Estado en el despacho de la Presidencia abogado Enrique Flores Lanza g) Personamiento de la procuraduría General de la Republica mediante la cual se solicita la suspensión del acto administrativo promovido en el decreto PCM-05/2009.

h) Personamiento de la Procuraduria General de la Republica y solicitud de suspensión del juicio principal por treinta días i) Resolución especial del Tribunal Supremo Electoral emitida el 25 de junio de 2009 mediante la cual se declara ilegal la encuesta de opinión política j) Orden judicial donde se ordena a las Fuerzas Armadas el Comiso del material de la encuesta de opinión que el Poder Ejecutivo en abierta violación a la orden emanada por el Juzgado , pretende realizar el domingo 28 de junio .

k) Copia del Acta de Comiso- l) Copia del Decreto Ejecutivo numero PCM-019/2009.

m) Copia del Decreto Ejecutivo numero PCM-O20/2009 n) Copia de las actuaciones del Tribunal en el Comiso.

o) Copia del Recurso de Amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por el Ministerio Publico en contra de la Resolucion dictada por el Poder Ejecutivo destituyendo al Jefe del Estado Mayor Conjunto.

p) Comunicación de la Sala Constitucional para el Presidente de la Republica por medio de la Procuraduria en donde se le notifica que se suspendió el acto de destitución del Jefe del Estado Mayor Conjunto y, q) Copia del Acta de la Procuradora General de la Republica, con algunos documentos acompañados, en la que informa entre otras cosas que no fue posible entregar personalmente la comunicación por haberse negado a recibirla pero que se le entrego a los guardias de seguridad de casa presidencial además de haberse remitido por fax.

About these ads